Denis Márquez (PIP) cuestiona exclusiones en propuesta de pensión mínima y señala fallas en contratación energética

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño sostuvo en En Tendencia que la propuesta para establecer una pensión mínima de $1,000 deja interrogantes sobre su alcance, financiamiento y relación con el Plan de Ajuste de la Deuda. También cuestionó los procesos de contratación relacionados con el sistema eléctrico.

PONCE, Puerto Rico — El representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, cuestionó el lunes varios aspectos de la propuesta que busca garantizar una pensión mínima de $1,000 mensuales a miles de empleados públicos retirados, al tiempo que denunció lo que describió como serias deficiencias en los procesos de contratación vinculados al sistema eléctrico del país.

Durante una entrevista en el programa En Tendencia, transmitido por WPAB 550 AM, Eco 93.1 FM y las plataformas digitales de El Vigía News, Márquez Lebrón centró buena parte de su intervención en la propuesta de pensión mínima que comenzó a ser discutida en vistas públicas en la Cámara de Representantes.

Según se expuso durante el programa, la medida podría beneficiar a más de 53,000 pensionados y tendría un impacto estimado de aproximadamente $232.6 millones anuales. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos planteados durante la entrevista fue que cerca de 1,305 maestros jubilados podrían quedar fuera de sus beneficios.

Márquez Lebrón atribuyó esa situación a deficiencias en la redacción y evaluación inicial de la medida.

El legislador cuestionó que una propuesta dirigida a mejorar las condiciones económicas de los jubilados no incluya desde su origen a todos los sectores que enfrentan pensiones reducidas. A su juicio, cualquier esfuerzo de este tipo debe examinarse de manera más amplia para evitar que grupos de pensionados permanezcan excluidos.

Cuestiona diferencia con otras propuestas de pensionados

Márquez Lebrón también planteó interrogantes sobre la relación de la medida con el Plan de Ajuste de la Deuda.

El representante recordó que durante los pasados cuatrienios otros proyectos impulsados o reclamados por organizaciones de pensionados han enfrentado objeciones del Gobierno bajo el argumento de que el Plan de Ajuste limita determinados aumentos en los beneficios de retiro.

En ese contexto, cuestionó por qué la actual propuesta del Ejecutivo podría avanzar si otras iniciativas similares han enfrentado ese obstáculo.

“¿Por qué la oposición al otro proyecto que viene de la clase trabajadora no la tiene este proyecto, cuando el escenario es exactamente el mismo?”, planteó Márquez Lebrón durante la entrevista.

El legislador indicó que espera que las agencias gubernamentales expliquen de manera clara si la aprobación de la pensión mínima requerirá algún cambio o interpretación distinta del Plan de Ajuste.

También sostuvo que una pensión de $1,000 continúa siendo insuficiente frente al costo de vida en Puerto Rico.

Según expresó, existen jubilados que reciben entre $500 y $1,200 mensuales y que se han visto obligados a regresar al mercado laboral, incluso después de haberse retirado, para poder cubrir sus gastos.

Márquez Lebrón argumentó que aumentar los ingresos de esta población no solo debe analizarse desde la perspectiva de justicia social, sino también por el posible efecto que tendría en otros programas de asistencia gubernamental.

¿Hay dinero disponible?

Durante la entrevista, el conductor Carlos José Vázquez le preguntó directamente al representante si el Gobierno cuenta con los recursos económicos necesarios para financiar una medida de esta magnitud.

Márquez Lebrón respondió que el Gobierno ha informado aumentos en sus recaudos y sostuvo que parte de esos recursos debe dirigirse a atender las necesidades de sectores que se encuentran bajo o cerca del nivel de pobreza.

El representante distinguió, además, la discusión del presupuesto general de otros problemas que enfrenta Puerto Rico, particularmente los relacionados con los servicios de agua y electricidad.

Indicó que tanto la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados como el sistema eléctrico cuentan con estructuras presupuestarias particulares y argumentó que muchos de sus problemas están relacionados con la administración y la gerencia.

Arremete contra procesos de contratación energética

La entrevista también se extendió al sistema eléctrico y a las controversias relacionadas con contratos de generación y privatización.

Márquez Lebrón aseguró que, a partir de documentos que ha examinado, su participación en vistas públicas y las investigaciones realizadas, existen elementos suficientes para hablar de lo que calificó como una “negligencia crasa” en determinados procesos de contratación.

El legislador hizo referencia a cuestionamientos sobre quién estaba autorizado a firmar determinados acuerdos, la participación de las compañías involucradas y los cambios ocurridos luego de la firma de contratos.

Según expresó, algunas de esas contrataciones podrían representar miles de millones de dólares para el Gobierno, por lo que entiende que los procesos debieron contar con un nivel mucho mayor de rigor y fiscalización.

“¿Cómo es posible que un contrato que podría llegar a que el Gobierno gastara hasta $6,000 millones tú lo firmas de esa forma?”, cuestionó durante la entrevista.

Márquez Lebrón aclaró que existen aspectos que todavía requieren investigación antes de establecer conclusiones sobre posibles irregularidades adicionales.

A su juicio, corresponde tanto a la Asamblea Legislativa como a otros organismos pertinentes continuar examinando quiénes participaron en esos procesos, qué decisiones fueron tomadas y bajo qué autoridad.

Pensiones y energía marcarán la discusión pública

La intervención de Márquez Lebrón colocó sobre la mesa dos asuntos que anticipan continuar generando discusión pública: la viabilidad de establecer una pensión mínima de $1,000 para decenas de miles de jubilados y el escrutinio sobre los contratos y la administración del sistema eléctrico.

En el caso de las pensiones, las principales interrogantes continúan centradas en el origen de los fondos, las posibles limitaciones impuestas por el Plan de Ajuste de la Deuda y los sectores de jubilados que inicialmente quedarían fuera de la legislación.

Mientras tanto, el debate energético mantiene bajo cuestionamiento los procesos de contratación, los costos para el Gobierno y los resultados que reciben los consumidores en momentos en que continúan las interrupciones y los relevos de carga.

Márquez Lebrón adelantó, mediante sus planteamientos en En Tendencia, que ambos asuntos requerirán mayor fiscalización y explicaciones durante el proceso legislativo.