Bonistas de la AEE pierden disputa por acceso a fondo de $575 millones

El tribunal confirmó que una reclamación de $8,500 millones contra el Gobierno central debe tratarse como subordinada y no recibirá dinero reservado para acreedores no garantizados. El fallo no elimina la reclamación separada de los bonistas contra la corporación pública.

SAN JUAN — El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito confirmó el miércoles una decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain que impide a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reclamar parte de un fondo de aproximadamente $575 millones establecido para compensar a acreedores no garantizados del Gobierno de Puerto Rico.

El panel apelativo sostuvo que la reclamación de $8,500 millones presentada por U.S. Bank National Association, en calidad de fiduciario de los bonos de la AEE, quedó correctamente subordinada bajo la sección 510(b) del Código federal de Quiebras. Como consecuencia, el reclamo no recibirá distribución bajo el Plan de Ajuste de la deuda del Gobierno central.

La controversia surgió de una reclamación presentada por el fiduciario contra el Gobierno de Puerto Rico, separada de la que los bonistas mantienen en el proceso de quiebra de la propia AEE. Los acreedores alegaron que el Gobierno incumplió un compromiso estatutario de no limitar ni alterar las facultades de la corporación pública hasta que se pagaran sus bonos.

También plantearon que varias actuaciones gubernamentales constituyeron una expropiación sin justa compensación y un menoscabo de obligaciones contractuales. Sin embargo, el Primer Circuito concluyó que esos reclamos guardaban una relación causal suficiente con la compra de los bonos para quedar comprendidos por la sección 510(b).

Según la opinión, las propias alegaciones de los bonistas indicaban que las protecciones estatutarias fueron ofrecidas para estimular la inversión y que los compradores descansaron en ellas al adquirir los valores. Para el tribunal, esa conexión convirtió la compra de los bonos en un elemento central del daño reclamado y no en un simple antecedente histórico.

La determinación tiene un efecto significativo para los demás acreedores no garantizados. La opinión señala que estos podrían recuperar cerca de 20% de sus reclamaciones si el reclamo de los bonistas de la AEE permanece excluido de su clase, pero alrededor de 5% si los $8,500 millones fueran admitidos en el mismo grupo.

Los bonistas también argumentaron que la Junta de Supervisión Fiscal presentó tardíamente su solicitud para subordinar la reclamación. El panel confirmó la actuación de Swain al determinar que la jueza podía tratar la petición como una enmienda válida de una objeción presentada anteriormente.

La opinión consolidó cinco apelaciones y fue emitida por un panel integrado por los jueces de circuito Lara E. Montecalvo Rikelman, Jeffrey R. Howard y Julie Rikelman Dunlap. Rikelman redactó la decisión.

Entre las partes que apelaron figuran U.S. Bank, Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee, GoldenTree Asset Management y Syncora Guarantee, además de otros inversionistas institucionales. La Junta de Supervisión Fiscal y los monitores de reconciliación de reclamaciones defendieron la clasificación aprobada por Swain.

El alcance del fallo se limita al Plan de Ajuste del Gobierno central. La decisión no extingue la reclamación separada de los bonistas contra la AEE ni determina cuánto podrían recuperar en la reestructuración de la corporación pública.

En una decisión anterior, el Primer Circuito reconoció que los bonistas poseen una reclamación sin recurso por aproximadamente $8,500 millones contra el patrimonio de la AEE, respaldada por ingresos netos presentes y futuros y por determinados fondos contemplados en el contrato de fideicomiso. La valoración de esas garantías y la recuperación final continúan siendo asuntos del proceso separado de Título III de la AEE.

Los bonistas todavía podrían solicitar una reconsideración ante el panel, pedir que el caso sea revisado por el pleno del Primer Circuito o acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos. La opinión emitida el miércoles se limitó a confirmar la orden de Swain.