Controversia ambiental y política rodea proyecto residencial Paseo La Cima en Cupey

Por: Víctor Alvarado Guzmán

Secretario Asuntos Ambientales, PIP

El propuesto proyecto residencial Paseo La Cima, impulsado por la empresa Metro Paseo LLC, ha desatado una creciente controversia en el sector Cupey del municipio de San Juan.

La iniciativa plantea la construcción de un condominio de 100 apartamentos, distribuidos en 13 edificios, y 258 espacios de estacionamientos, en una parcela de 8.6 cuerdas de terreno, ubicada al noroeste de la intersección de la Carretera Estatal PR 199, la Avenida Las Cumbres y la Extensión Boulevard Los Paseos. El costo de cada apartamento fluctuaría entre $300,000 y $450,000.

Aunque presentado como una oportunidad de desarrollo urbano, el proyecto ha sido objeto de fuerte oposición por sus potenciales impactos ambientales, sociales y éticos.

Impacto ambiental

Uno de los principales puntos de preocupación es la afectación directa que tendría la construcción en la naturaleza del área. La parcela designada contiene una zona boscosa que sirve como pulmón verde para la comunidad. Diversos expertos ambientales han advertido que la deforestación necesaria para la construcción de los apartamentos resultaría en la pérdida de cobertura forestal crítica, afectando la capacidad del ecosistema para capturar carbono y regular la temperatura local.

Esto es crucial ante el efecto de la crisis climática y el ascendente impacto de las olas de calor que afecta a Puerto Rico desde hace unos años.

Además, el uso de maquinaria pesada durante las obras de construcción provocará la emisión de gases y partículas contaminantes al aire, lo que deteriorará la calidad del ambiente en las zonas residenciales cercanas. Este impacto será particularmente perjudicial para poblaciones vulnerables, como adultos mayores y personas con condiciones respiratorias.

A lo anterior se suma la cercanía del proyecto al cauce del Río Piedras, lo cual plantea serias interrogantes sobre el manejo de aguas pluviales y residuales. Organizaciones ecologistas han señalado que la construcción podría alterar los patrones de escorrentía e incrementar el riesgo de inundaciones, especialmente considerando el historial de eventos meteorológicos extremos en la isla que, según expertos climáticos, aumentará en frecuencia.

Las comunidades aledañas, incluyendo residentes de Las Cumbres y Los Paseos, también han expresado su rechazo. Argumentan que el aumento proyectado en densidad poblacional, tráfico vehicular y presión sobre los servicios municipales, como el agua potable y el manejo de desperdicios, impactaría negativamente su calidad de vida.

Esfuerzos legislativos

Con el propósito de investigar el proceso de consulta de ubicación, la solicitud de permisos, y las etapas de desarrollo y construcción del proyecto residencial Paseo La Cima, la representante Adriana Gutiérrez Colón y la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, ambas legisladoras del Partido Independentista Puertorriqueño presentaron resoluciones en sus respectivos cuerpos legislativos (RC 162 y RS 60).

En el caso del Senado, según el Sistema Único de Trámite Legislativo, la Comisión de Asuntos Internos sometió un Informe el 21 de marzo de 2025, recomendando la aprobación del RS 60 para que se realizara la investigación requerida. Ese mismo día fue referida a la Comisión de Reglas y Calendario, donde ha permanecido sin acción alguna. Similar resultado ha obtenido la medida en la Cámara.

Asimismo, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Legislatura Municipal de San Juan presentó una resolución para evaluar el impacto del mencionado proyecto residencial. Hasta el momento, dicha legislatura tampoco ha atendido el reclamo de las comunidades y organizaciones encausado a través de la petición de investigación del MVC.

¿Por qué la legislatura estatal y la municipal capitalina no han procedido a investigar si la construcción de Paseo La Cima representa algún riesgo o impacto para las comunidades cercanas y al ambiente?

Donativos políticos

Quizás los vínculos políticos, revelados recientemente, entre el presidente de Metro Paseo LLC, Adriel Longo Ravelo, y figuras prominentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) pudieran estar influenciando sobre el silencio legislativo.

Según los registros de financiamiento político disponibles en la Oficina del Contralor Electoral, el empresario distribuyó donativos por un total de $19,400 a diversos comités de campaña afiliados al PNP entre 2023 y 2024.

Entre los recipientes figuran el Comité Thomas Rivera Schatz, Comité Amigos Carmelo Ríos Santiago, Comité Amigos de Keren Riquelme Cabrera, Comité Amigos Víctor Parés Otero y Amigos Eddie Charbonier Chinea. También recibieron aportaciones el Partido Nuevo Progresista, así como tres entidades clave: el Comité Jenniffer González Colón Inc., el Comité Municipal de San Juan del PNP y el Comité Miguel Romero Lugo.

También resulta llamativo el rol de la Lcda. Rosemary Borges Capó, quien se desempeñó como oficial examinadora de la Oficina de Permisos durante el proceso de revisión y evaluación del proyecto residencial Paseo La Cima.

La Lcda. Borges, exdirectora de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio de San Juan y ex comisionada alterna del PNP, ha realizado donativos políticos a candidatos, algunos de los cuales coinciden con los respaldados por el presidente de Metro Paseo LLC. Entre estos figuran Thomas Rivera Schatz, Víctor Parés Otero, el Comité Municipal del PNP en San Juan, el alcalde Miguel Romero Lugo y la gobernadora Jennifer González Colón.

Uno de los donativos más destacados es el otorgado al Comité de Miguel Romero Lugo el 24 de febrero de 2025, apenas semanas después de que la Lcda. Borges emitiera un informe recomendando la aprobación del proyecto Paseo La Cima.

Estos vínculos financieros han generado preocupación sobre posibles conflictos de interés y favoritismo en el proceso de evaluación, especialmente tras la aprobación de la Consulta de Ubicación por parte de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, el pasado 6 de junio de 2025.

La pregunta obligada es si las agencias pertinentes están actuando con la debida imparcialidad o si están respondiendo a presiones de quienes tienen acceso privilegiado a los círculos de poder.

A pesar de que Metro Paseo LLC ha insistido en que el proyecto se realizará conforme a todas las reglamentaciones vigentes y que incluirá medidas de mitigación ambiental, el escepticismo persiste.

En medio de una creciente conciencia pública sobre la necesidad de proteger el medio ambiente de Puerto Rico, Paseo La Cima se ha convertido en un caso emblemático de la tensión entre desarrollo urbano, ética gubernamental y sostenibilidad ambiental.