Impuesto al inventario: panel político analiza sus implicaciones para Ponce y los municipios

Durante el panel de análisis político transmitido por Radio Vigía a través de WPAB 550 AM, los analistas Luis “Tato” León (PNP), Justiniano Díaz Maldonado (PIP) y Luis Yordán Frau (Proyecto Dignidad) debatieron en profundidad sobre la propuesta legislativa del gobierno central para congelar el impuesto al inventario, una medida que tendría efectos directos sobre las finanzas municipales y el comercio local.

Este impuesto, actualmente recaudado por el CRIM y transferido a los municipios, obliga a los comerciantes a pagar anualmente por el inventario almacenado, aunque no haya sido vendido. Según León, se trata de un “yugo” para muchos comerciantes, particularmente en situaciones de emergencia como las que se vivieron tras el huracán María, cuando la falta de inventario afectó la respuesta inmediata. Apoyó la idea de eliminarlo de manera escalonada, siempre que venga acompañada de medidas que compensen los ingresos municipales.

Sin embargo, Justiniano Díaz Maldonado ofreció una visión crítica al respecto. Argumentó que eliminar este impuesto beneficiaría principalmente a grandes cadenas comerciales, que son las que tienen capacidad para acumular grandes volúmenes de inventario, mientras que los pequeños y medianos comerciantes apenas se verían beneficiados. “Estamos hablando de corporaciones que mueven millones y pueden pagar. Al final, se afectarán las finanzas municipales sin lograr un alivio real para los pequeños negocios”, sostuvo.

Luis Yordán Frau, por su parte, reconoció que el sistema actual desincentiva mantener inventario y afecta la capacidad de respuesta en situaciones críticas. Planteó que es necesario buscar un balance entre alivio económico y responsabilidad fiscal, y que la eliminación del impuesto debe ir de la mano con una reestructuración del gasto municipal y mejoras en la captación contributiva.

En ese sentido, tanto León como Yordán coincidieron en que el CRIM y los municipios deben redoblar esfuerzos para identificar propiedades no tasadas o subvaluadas. León reveló que ya hay esfuerzos en curso para actualizar el catastro fiscal y que se está cobrando a propiedades que llevaban años sin tributar, lo que podría ampliar la base y compensar pérdidas por la eliminación del impuesto al inventario.

El debate también puso sobre la mesa la necesidad de controlar los gastos municipales, especialmente en áreas como contratos de confianza y actividades no esenciales. León fue enfático: “Si van a dejar de recibir millones por ese impuesto, los municipios tienen que ponerse el cinturón”.

En conclusión, aunque hay consenso en que el impuesto al inventario representa un obstáculo económico, el panel subrayó que su eliminación no puede hacerse de manera aislada. Es indispensable acompañarla con un plan fiscal coherente, que no ponga en riesgo la solvencia de los municipios ni agudice la desigualdad entre comerciantes grandes y pequeños.