Investigación a Exsecretaria del DRNA Reaviva Sospechas de Motivaciones Políticas

El Departamento de Justicia de Puerto Rico ha citado a la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, para una investigación relacionada con el controvertido caso de la residencia en la zona marítimo-terrestre de La Parguera, presuntamente vinculada a los suegros de la ahora gobernadora Jennifer González. La acción ha generado interrogantes sobre posibles motivaciones políticas detrás del proceso.

La investigación, retomada días después de la confirmación de la nueva secretaria de Justicia, ha sido interpretada por algunos sectores como una posible represalia contra miembros de la administración anterior del gobernador Pedro Pierluisi. El incidente original ocurrió durante el periodo de primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2023, cuando se cuestionó la legalidad de una propiedad en La Parguera asociada a allegados de González, en ese momento comisionada residente.

El licenciado Octavio Capó, analista legal, expresó sus reservas en el programa radial Aquí Estamos, señalando que “con todas las casas ilegales que existen en La Parguera, la atención exclusiva a la de los suegros de la hoy gobernadora sugiere una posible utilización selectiva del poder investigativo con fines políticos”.

Capó recordó que investigaciones de este tipo deben ejecutarse con imparcialidad para evitar el uso del aparato gubernamental como herramienta de persecución. “El Departamento de Justicia no puede convertirse en un brazo de vendettas personales. Si hubo irregularidades en la gestión pasada, deben investigarse, pero con transparencia y sin sesgos”, añadió.

La exsecretaria Vázquez Rivera deberá comparecer el lunes próximo, mientras el proyecto de ley que buscaba legalizar estructuras similares en La Parguera permanece estancado en la Legislatura, a días del cierre de la sesión el 30 de junio.

Por su parte, la actual gobernadora ha negado cualquier injerencia en la investigación, asegurando que “el Departamento de Justicia actúa con independencia”. No obstante, observadores políticos apuntan a la cercanía del proceso con la confirmación de la nueva jefa de Justicia como un factor que aviva las sospechas de motivaciones no del todo jurídicas.

La atención pública ahora se centra en el desarrollo de esta pesquisa, en espera de si se referirá o no al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), y si se confirmará una agenda legal legítima o una disputa política disfrazada de justicia.