“No se aplaude lo que es deber”, advirtieron rescatistas, recordando que la Ley 36 obliga a municipios a implementar programas de control de animales

En medio de una creciente crisis por la sobrepoblación de animales realengos, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, anunció el pasado fin de semana una iniciativa municipal que, según afirmó, reafirma el compromiso del gobierno local con el bienestar animal y las comunidades. El anuncio se realizó tras una reunión con líderes comunitarios y organizaciones de rescate como Sato Orgullo Patrio y la rescatista Doris Lamoso.

Durante la reunión se presentó la propuesta de implementar el modelo TNR (Trap, Neuter, Return – Atrapar, Esterilizar y Retornar), con una primera feria de esterilización gratuita enfocada inicialmente en los perros del casco urbano. “En Ponce cuidamos de nuestra gente y también de nuestros animales”, afirmó la alcaldesa.

Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el encuentro dejó muchas interrogantes sin contestar y generó molestia entre sectores rescatistas. Aunque se reconoció el modelo TNR como una estrategia humanitaria y eficaz cuando se ejecuta correctamente, se cuestionó la falta de estructura y apoyo del municipio para su aplicación.

📌 Puntos críticos señalados por los rescatistas:

• La convocatoria atrajo apenas 50 personas, incluyendo organizadores.

• El municipio no anunció fecha concreta para el evento ni presentó campañas educativas.

• Se espera que los ciudadanos rescatistas aporten jaulas, tiempo y recursos sin que el municipio costee estos elementos.

• No se anunciaron ordenanzas para frenar la compraventa de animales, ni programas de registro obligatorio.

• Los animales serían devueltos a la calle horas después de la operación, sin recuperación adecuada, por falta de espacios municipales habilitados.

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Además, se expresó preocupación por el desconocimiento generalizado de la ciudadanía respecto al tema. Opiniones como “deberían matarlos a todos” o “¿y los van a soltar lastimando mi vista otra vez?” reflejan la urgencia de educar a la población sobre la responsabilidad compartida en la protección animal.

💬 “No se aplaude lo que es deber”, advirtieron los rescatistas, recordando que la Ley 36 obliga a los municipios a implementar programas de control de animales, y no como un gesto opcional de buena voluntad.

Mientras tanto, la guerra por los realengos en Ponce continúa: entre buenas intenciones, poca ejecución y una comunidad dividida entre la compasión y el cansancio.