Preocupa posible resurgimiento del gasoducto: denuncian falta de fiscalización efectiva a LUMA y cambio en política energética

Durante una vista pública reciente en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el legislador ponceño Ángel “Tito” Fourquet Cordero levantó serias preocupaciones sobre un aparente giro en la política energética del gobierno hacia la dependencia del gas natural, y el posible resurgimiento de proyectos como el gasoducto por el sur.

Fourquet, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en dicha comisión, advirtió que el país podría estar encaminándose nuevamente hacia una estrategia energética que revive iniciativas previamente rechazadas por la ciudadanía, incluyendo el controversial gasoducto que afectaría comunidades en Peñuelas, Adjuntas y Tallaboa.

“Están gasificando al país en silencio. Cambiaron la política pública sin decirlo claramente. Lo que se nos dijo entre líneas es que la generación con gas natural será prioritaria”, expresó el legislador en entrevista durante el programa Radio Vigía por WPAB 550 AM.

El debate surgió mientras se discutían los efectos de las leyes 1 y 2 de esta administración, las cuales permiten la extensión de la quema de carbón y aumentan las multas a LUMA Energy por incumplimientos. En ese contexto, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, confirmó en sala que la política energética “ya no se centra exclusivamente en fuentes renovables” y reconoció que la infraestructura para gas natural—incluyendo gasoductos—sería necesaria para cumplir con los planes actuales.

Falta de fiscalización efectiva al Negociado de Energía

Uno de los aspectos más alarmantes revelados en la vista fue la falta de mecanismos reales de fiscalización al consorcio LUMA Energy por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico. Según Fourquet, los propios comisionados del Negociado admitieron que dependen completamente de los documentos que LUMA les entrega y no realizan auditorías ni inspecciones independientes.

“Es como si un policía le preguntara al conductor si estaba excediendo el límite de velocidad… y creyera su palabra. Así están operando con LUMA”, criticó Fourquet, calificando la situación de “irresponsable y peligrosa para el interés público”.

El legislador también denunció la inacción de la Junta de Supervisión Fiscal y del municipio de Ponce, quienes, según explicó, no fueron notificados ni consultados sobre los contratos recientes vinculados a la infraestructura de gas en el área sur, incluyendo posibles acuerdos con subsidiarias de New Fortress Energy.

Riesgos y preocupaciones comunitarias

El representante recordó que ya en el pasado comunidades enteras se movilizaron para detener el gasoducto, un proyecto que amenazaba terrenos agrícolas y zonas residenciales del sur. Entre los opositores históricos mencionó a líderes comunitarios como Arturo y Alexis Massol de Adjuntas, así como a la fallecida activista Doña Tinti.

A juicio de Fourquet, el giro hacia el gas no solo representa una falta de compromiso con la energía renovable, sino también una amenaza ambiental, económica y de salud pública. Agregó que, de materializarse, la infraestructura necesaria para transportar gas natural a través de la isla “no solo sería costosa, sino altamente riesgosa para las comunidades”.

Llamado a mayor transparencia y acción legislativa

Finalmente, Fourquet hizo un llamado a frenar la política de opacidad y a que el gobierno rinda cuentas con claridad sobre su visión energética. También indicó que propondrá legislación para fortalecer la fiscalización del Negociado de Energía y exigir procesos de participación ciudadana en toda política energética que afecte directamente a las comunidades.

“No podemos permitir que se imponga por la puerta de atrás un modelo que la gente ya rechazó. Puerto Rico necesita energía limpia, confiable y fiscalizada con transparencia. No más contratos oscuros, no más gasoductos disfrazados”, concluyó.

El tema sigue generando debate, particularmente entre sectores ambientalistas y líderes comunitarios del sur, quienes han comenzado a organizarse ante la posibilidad de una nueva batalla contra la gasificación de la isla.