Representante Rodríguez Torres radica el P. de la C. 807 para agilizar la justicia juvenil ante ola de violencia escolar

El representante Rodríguez Torres anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 807, una medida dirigida a derogar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 88-1986, conocida como la “Ley de Menores”, a fin de eliminar el requisito de agotar remedios administrativos en los casos de faltas ocurridas en planteles escolares y devolver a los Procuradores de Asuntos de Menores la facultad de intervenir de inmediato.

El legislador subrayó que la medida surge como respuesta directa a los incidentes de violencia juvenil que han estremecido al país en los últimos días. El asesinato de la estudiante Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito, tras un historial de agresiones en el contexto escolar, así como las graves agresiones reportadas en la Escuela Inés María Mendoza en Caimito y en el plantel Albert Einstein en Santurce, reflejan el alto costo de la inacción y los retrasos ocasionados por procesos administrativos ineficaces.

“Puerto Rico no puede continuar observando cómo nuestros jóvenes son víctimas o protagonistas de violencia sin que el Estado tenga la capacidad de intervenir con prontitud. Este proyecto busca cortar de raíz la burocracia que ha impedido procesar con rapidez los casos, y devolverle a los Procuradores la autoridad de actuar en defensa de la niñez y la comunidad escolar”, afirmó Rodríguez Torres.

El representante explicó que, aunque los mecanismos internos de mediación y disciplina escolar continuarán disponibles, estos no podrán convertirse en un obstáculo que limite la acción judicial cuando la seguridad de estudiantes y maestros está en riesgo.

“La violencia escolar nos ha recordado, de la manera más dolorosa, que cada retraso puede costar una vida. Esta enmienda a la Ley de Menores es un paso firme para que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros y para que la justicia juvenil sea realmente ágil y protectora”, concluyó.

Una vez aprobado el P. de la C. 807, la responsabilidad de procesar a un menor transgresor por cometer una falta en el contexto escolar recaerá directamente sobre los Procuradores de Asuntos de Menores, y no sobre las autoridades escolares, quienes podrán concentrarse en su misión educativa. De este modo, se elimina la carga indebida sobre directores y maestros, devolviendo al Ministerio Público la facultad de evaluar y presentar los casos que así lo ameriten, garantizando un trámite justo, ágil y eficaz en el sistema de justicia juvenil.