Censura, Manipulación y Desdén: El CGE-UPRRP Reclama un Nuevo Rumbo para la Universidad del Pueblo

El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras (CGE-UPRRP) exige, con carácter de urgencia, la destitución inmediata de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Zayira Jordán Conde. En un poco más de noventa días de gestión ha demostrado ser incapaz de conducir con transparencia, responsabilidad fiscal y respeto a la gobernanza universitaria. Sus acciones han tergiversado los estados financieros auditados, presentando como “insolvencia” lo que, según la propia Certificación Núm. 116 (Estados Financieros Auditados 2024-2025), es un escenario complejo dentro del marco fiscal vigente. Esta tergiversación no es un error inocente. Se ha utilizado como cortina de humo para justificar medidas que amenazan la esencia de nuestra Universidad, incluyendo cierres arbitrarios de programas y la propuesta más reciente: la consolidación de rectorías. Esa consolidación no significa eficiencia: significa centralización, pérdida de autonomía y debilitamiento institucional, en abierta contradicción con la Ley 1 de 1966, que protege la autonomía universitaria.

De forma paralela, la presidenta ha marginado deliberadamente la participación de sectores representativos en la Junta Universitaria, violando el Reglamento General de la UPR y el Reglamento General de Estudiantes. Ha cedido decisiones estratégicas a asesores externos con claros conflictos de interés y ha justificado cierres arbitrarios de programas académicos de alto valor social, sin sustento en estudios de planificación institucional. Estas actuaciones, además de ilegítimas, ponen en riesgo la acreditación de la Universidad y su misión pública. Más aún, la presidenta ha adoptado como discurso oficial las expresiones falsas y alarmistas de Jorge Colberg Toro, quien afirmó que “más de la mitad de las pensiones no tienen dinero para pagarse”. La realidad es distinta: el Fideicomiso del Sistema de Retiro mantiene solvencia proyectada por más de tres décadas, con un fondo ascendente a $1,713 millones al 30 de junio de 2024. Convertir esa deuda actuarial en sinónimo de quiebra inmediata es un acto irresponsable que erosiona la confianza pública. Este alarmismo se utiliza como cortina de humo para justificar recortes, cierres y consolidaciones que carecen de base financiera y académica.

A ello se suma el contundente análisis del CEMGAP (2023), que evidencia cómo los recortes de más del 40% en las asignaciones estatales entre 2017 y 2021 provocaron alzas dramáticas en los costos de estudio: el crédito subgraduado se triplicó, las maestrías aumentaron un 43% y programas profesionales como Derecho y Medicina experimentaron alzas de hasta 168%. El impacto es claro: cada aumento de $100 en matrícula incrementa el riesgo de deserción, y un alza del 10% en los costos reduce entre 3% y 6% la matrícula graduada. Pero la realidad universitaria es que su crisis no solo se mide en términos contables. Se mide en vidas estudiantiles, en sus retos cotidianos, en sus necesidades más apremiantes.

El más reciente estudio de necesidades estudiantiles expone una crisis humana que no puede ser ignorada: 29.6% del estudiantado enfrenta inseguridad de vivienda, 25% inseguridad alimentaria, 44% vive en carencia financiera (con 62% reportando ingresos de $0 a $500 mensuales), 30% tiene serias dificultades de transportación y 40% ha considerado darse de baja total. Además, 90% necesita acceso a dispositivos tecnológicos, 57% enfrenta barreras en experiencias de investigación y 14% reporta sentirse poco o nada seguro en el campus. Estas cifras refuerzan que el verdadero problema de la UPR no es de insolvencia, sino de abandono estatal: lo que se necesita no son recortes ni consolidaciones, sino una inversión robusta y sostenida del Gobierno de Puerto Rico para garantizar el acceso, la permanencia y el bienestar de su estudiantado. Y es precisamente este abandono, sumado a la censura y exclusión, lo que convierte la permanencia de la actual presidencia en un obstáculo para el futuro de nuestra Universidad.

La UPR no es un gasto prescindible: es un servicio esencial para la seguridad, la salud y el bienestar del país. Sus funciones más allá del salón de clases (desde la Red Sísmica hasta los Servicios Médicos Universitarios, las clínicas jurídicas, los programas de apoyo a víctimas de violencia sexual y de género, entre otras) constituyen un pilar insustituible del Estado. Cualquier intento de consolidar rectorías, cerrar programas o marginar la participación universitaria atenta directamente contra este rol social.

Denunciamos a la Junta de Gobierno por permitir y promover medidas que violentan el debido proceso universitario: exclusión de estudiantes en espacios decisionales, cancelación unilateral de reuniones y la imposición de asesores externos con conflictos de interés. La propuesta de consolidar rectorías es la culminación de este patrón de atropellos. Bajo la excusa de “eficiencia”, se desmantelan recintos, se concentra el poder en la administración central y se erosiona la gobernanza compartida que garantiza la calidad académica y la diversidad institucional. Es un ataque directo al espíritu democrático de la Ley Universitaria y al mandato del Reglamento General de Estudiantes, que reconoce nuestra voz como parte indispensable de la gobernanza.

Por eso afirmamos, con total claridad: la Dra. Zayira Jordán Conde ha perdido toda legitimidad para dirigir la Universidad del Pueblo. Mantenerla en la presidencia expone a la UPR a un colapso de confianza pública, a la pérdida de acreditaciones y al fracaso de su misión histórica.

¡Exigimos la destitución inmediata de Zayira Jordán Conde y repudiamos la consolidación de rectorías y toda iniciativa que erosione la autonomía de la Universidad del Pueblo!