De la licencia al arresto: cuestionan al Gobierno por facilitar redadas de ICE en Puerto Rico

Una controversia legal y política ha surgido en la isla tras conocerse que el gobierno de Puerto Rico habría compartido con la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) información de licencias de conducir provisionales otorgadas a miles de inmigrantes indocumentados en la isla.

El tema salió a relucir en el programa radial Aquí Estamos, transmitido por WPAB 550 AM, donde el licenciado Octavio Capó explicó los aspectos legales y constitucionales que rodean el acceso de agencias federales a datos recolectados por el gobierno local. Según Capó, aunque aún no está claro si se trató de una orden judicial formal, todo apunta a que ICE habría emitido un requerimiento de documentos conocido como subpoena duces tecum, solicitando el acceso a más de seis mil expedientes de licencias provisionales emitidas desde la administración de Alejandro García Padilla hasta el presente.

“Hay que entender que Puerto Rico es un territorio no incorporado bajo la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos. Eso significa que, ante el sistema federal, no tenemos soberanía ni autoridad para negarnos a una orden de una agencia federal. No somos un estado federado, somos una colonia bajo otro tipo de reglas”, explicó Capó.

Según la información discutida, la controversia gira en torno a si este requerimiento de ICE fue expedido con la debida autorización judicial, lo cual es indispensable para que un subpoena tenga fuerza coercitiva. “La Fiscalía federal, por sí sola, no puede obligar a la entrega de información sin una orden del tribunal. Si el subpoena no fue validado por un juez, estaríamos hablando de un requerimiento sin fuerza legal vinculante”, detalló el licenciado.

El asunto ha generado indignación en sectores defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes alegan que se ha violentado la confianza depositada por miles de personas al solicitar las licencias bajo una legislación aprobada en Puerto Rico precisamente para ofrecerles protección y acceso limitado a servicios básicos.

“Esto lo que evidencia es nuestra condición colonial. El gobierno local no tiene herramientas legales para resistir ese tipo de requerimientos, aun si van en contra de la política pública de inclusión que pretendía proteger a estas personas”, sostuvo Capó, quien también reiteró que, aunque se trate de una cuestión administrativa, la entrega de datos podría tener consecuencias humanas profundas al facilitar redadas, deportaciones y separación familiar.

ICE no ha ofrecido comentarios oficiales sobre el requerimiento ni ha confirmado si ha utilizado la información recibida para efectuar arrestos o investigaciones activas en la isla.

Por su parte, aún se desconoce qué dependencia del gobierno de Puerto Rico entregó la información y bajo qué justificación legal. La ausencia de transparencia en el proceso ha intensificado los reclamos públicos para que la administración de turno aclare su posición y explique si hubo o no participación judicial en la entrega de datos.

Este caso se suma a un patrón de tensiones entre las autoridades locales y el gobierno federal, particularmente en temas migratorios, donde la falta de soberanía jurídica en Puerto Rico limita la capacidad del Estado Libre Asociado para establecer límites en el intercambio de información y coordinación con agencias como ICE o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).