Director del Puerto acusa a la alcaldesa de Ponce de represalias políticas y desinformación en medio de controversia por contrato de New Fortress Energy

Ponce, Puerto Rico – El conflicto entre la alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez y el director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Ponce, Héctor Agosto Rivera, alcanzó un nuevo nivel de tensión este 8 de abril, cuando este último respondió formalmente a su suspensión con una carta que califica de “ilegal, destructiva y denigrante”.

CARTA PONCHADA DE LA OFICINA DE LA ALCALDESA.PDF

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La carta, obtenida por El Vigía News, llega en medio de la controversia por un contrato de arrendamiento de 25 años con la empresa Soluciones Energía Limpia PR LLC (SELPR), subsidiaria de New Fortress Energy, para establecer una operación de gas natural licuado (GNL) en el Muelle 8 de Ponce. Este acuerdo, que fue revelado por el medio La Perla del Sur, ha desatado una tormenta política en la ciudad por su duración, la naturaleza del producto y el proceso seguido para su aprobación.

Acusaciones directas: “No soy su chivo expiatorio”

En su misiva, Agosto rechaza que haya actuado sin autorización de la Junta de Directores y afirma que la firma del contrato se realizó con el debido conocimiento y sin objeciones de los miembros presentes en la reunión del 21 de noviembre de 2024. Asegura que la grabación y transcripción de esa reunión ya están en manos de la alcaldesa y que el contrato fue revisado por abogados, registrado en el Departamento de Estado y sometido a la Oficina del Contralor.

Más allá del asunto técnico, el director ejecuta una crítica severa al proceder de la alcaldesa. “No soy su salida política ni su chivo expiatorio. Usted ha causado daños con su proceder irresponsable y tendencioso”, expresa en su carta.

Agosto acusa a Sifre de haberlo suspendido sin seguir el debido proceso de ley, y sin contar con la autoridad legal para hacerlo, ya que su nombramiento como director ejecutivo fue realizado por la exgobernadora Wanda Vázquez y validado por la Junta de Directores.

Doble discurso: turismo afuera, obstrucción adentro

Uno de los puntos más contundentes de la carta apunta al contraste entre las acciones de la alcaldesa fuera de Puerto Rico y sus decisiones internas. En estos momentos, Sifre se encuentra en Miami promoviendo el Puerto de Ponce como un atractivo turístico internacional, mientras en su ciudad —dice Agosto— sabotea el desarrollo económico al intentar invalidar un contrato que generaría actividad económica y empleos.

“Usted promueve al Puerto en ferias internacionales, mientras obstruye su desarrollo desde la propia casa alcaldía”, denuncia el director.

Logros, reclamos y advertencias

Héctor Agosto también defendió su desempeño al frente de la Autoridad del Puerto. Según sus cifras, bajo su administración el capital de la Autoridad aumentó en un 4,100%, alcanzando los $43 millones, con acuerdos en curso con navieras internacionales y cruceros como el ICON y UTOPIA of the Seas.

Aprovechó para denunciar que la alcaldesa ha intentado adjudicarse logros que no le corresponden, como negociaciones con líneas de carga y turismo ya iniciadas por la Autoridad.

Finalmente, advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por daños y perjuicios contra la alcaldesa, tras considerar que su suspensión y las declaraciones públicas en su contra han afectado su imagen profesional y familiar.

¿Quién vela por el desarrollo del Puerto de Ponce?

Este nuevo capítulo en la controversia por el contrato de GNL profundiza la grieta entre el gobierno municipal y la Autoridad del Puerto. Lo que comenzó como un debate sobre las implicaciones ambientales y de seguridad del proyecto, ahora se ha convertido en un enfrentamiento frontal sobre la gobernanza, el poder político y la visión de futuro para uno de los activos más estratégicos del sur de Puerto Rico.

Mientras la alcaldesa insiste en que el contrato es nulo por falta de aprobación formal de la Junta, el director asegura que todo el proceso se realizó conforme a la ley. En el centro del fuego cruzado, queda el futuro del Puerto de Ponce y el derecho de la ciudadanía a recibir información clara, oportuna y veraz.