El efecto post-pandemia: quiebras en Puerto Rico superan las mil radicaciones en 2026

Durante esta semana, distintos medios han reportado un aumento en el número de casos de quiebra radicados en Puerto Rico, señalando que la cifra ya supera el millar. En efecto, al 12 de marzo de 2026 se habían radicado 1,057 casos de quiebra en la isla, combinando todos los capítulos de la ley de quiebras.

No obstante, es importante señalar que, aunque el número ha generado preocupación, la cifra actual sigue siendo considerablemente menor que la registrada antes de 2017, cuando el país aún no había enfrentado una serie de eventos naturales que impactaron significativamente su economía.

A modo de referencia, las estadísticas reflejan que para marzo de 2017 se habían radicado 2,339 casos de quiebra, una cifra sustancialmente mayor que la actua

Surge entonces la pregunta: ¿por qué hay menos casos ahora si la situación económica de muchas familias y negocios sigue siendo difícil? La respuesta está en los acontecimientos ocurridos durante los últimos años.

En 2017, el paso del huracán María provocó una devastación sin precedentes. Como respuesta, se aprobaron múltiples ayudas económicas y moratorias dirigidas a aliviar la carga financiera de los ciudadanos. Estas medidas obligaron a bancos e instituciones financieras a paralizar gestiones de cobro en cuentas morosas y a ofrecer alternativas de pago para quienes enfrentaban atrasos en sus obligaciones.

Cuando esas ayudas y moratorias comenzaban a expirar, el país enfrentó otro evento significativo: los terremotos de enero de 2020, que nuevamente dieron paso a medidas de alivio económico y nuevas moratorias.

Poco después, en marzo de ese mismo año, el mundo entero enfrentó la pandemia del COVID-19. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos se implementaron leyes y programas de ayuda económica para sostener la economía y proteger a los ciudadanos. Entre estas medidas se incluyeron incentivos económicos, así como nuevas paralizaciones temporales en las gestiones de cobro por parte de acreedores.

Estas protecciones se mantuvieron vigentes hasta el 2023. Con el cese de dichas medidas, los acreedores quedaron autorizados a retomar o iniciar nuevamente las gestiones de cobro sobre deudas que habían permanecido en pausa durante aproximadamente cinco años.

Desde entonces, se ha observado un aumento gradual en la radicación de casos de quiebra por parte de individuos, negocios y corporaciones que buscan proteger sus propiedades ante las acciones de cobro de sus acreedores.

Particularmente afectados han sido muchos de los negocios que surgieron durante la pandemia para ofrecer bienes y servicios. En numerosos casos, estas empresas aún no cuentan con la solidez económica necesaria para sostener sus operaciones una vez desaparecen los incentivos económicos y las moratorias de pago.

A esto se suma que muchas de las deudas adquiridas durante ese período de emergencia —como los préstamos de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA)— ya entraron en fase de repago, y la agencia ha comenzado a realizar gestiones de cobro en aquellos casos donde los pagos no se iniciaron según lo acordado.

Ante una situación económica difícil, es importante evaluar las distintas alternativas disponibles. Entre ellas, buscar nuevas fuentes de ingreso, reducir gastos para equilibrar el presupuesto o, en algunos casos, obtener financiamiento que permita saldar deudas atrasadas, siempre que la situación financiera lo permita.

Cuando estas alternativas no son viables, la radicación de un caso de quiebra representa una opción de ley que permite proteger las propiedades del deudor de gestiones de cobro por parte de sus acreedores y detener automáticamente y de inmediato las gestiones de cobro en su contra.

Mirar al pasado ayuda a comprender el presente. El aumento actual en las quiebras responde en gran medida al fin de las ayudas y protecciones económicas que estuvieron vigentes durante varios años.

La ley de quiebras contempla además la llamada “paralización automática”, un mecanismo que entra en vigor al radicarse el caso y que detiene de inmediato las gestiones de cobro por parte de los acreedores.

Si usted enfrenta dificultades económicas, es recomendable orientarse sobre las disposiciones de la Ley de Quiebras y las protecciones que esta ofrece tanto a individuos como a corporaciones.

Sobre la autora:

Madeline Soto-Pacheco es abogada, socia y copropietaria de Lube & Soto Law Offices, una firma legal en Puerto Rico especializada en derecho de quiebras y soluciones fiscales.

Con más de 20 años de experiencia en la práctica del derecho, ha asesorado a individuos y negocios en reorganización financiera, liquidación de deudas y planificación fiscal, especialmente en momentos de crisis económicas. Antes de fundar la firma, Madeline desempeñó diversos roles como abogada de quiebras y consejera legal senior, lo que le ha permitido combinar experiencia técnica con un enfoque centrado en las necesidades de sus clientes.

Su oficina está en Ponce y puedes conseguirla en el 787-630-8622 y es reconocida por su compromiso en orientar personalmente a quienes enfrentan dificultades financieras y tributarias, con un enfoque claro en estrategias prácticas y planificación a largo plazo.